Estafa de inversión, publicidad engañosa y transparencia informativa en el mercado de valores

El artículo 282 bis ha sido introducido en el Código Penal por la LO. 5/2010, de 22 de junio, que ya en su preámbulo establecía que: “teniendo como referente la Directiva 2003/06 del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado, se han llevado a cabo reformas en el campo de los delitos relativos al mercado y los consumidores. Así, se incorpora como figura delictiva la denominada estafa de inversores, incriminando a los administradores de sociedades emisoras de valores negociados en los mercados de valores que falseen las informaciones sobre sus recursos, actividades y negocios presentes o futuros, y de ese modo consigan captar inversores u obtener créditos o préstamos”.

La complejidad de las actuales relaciones económicas ha hecho surgir la demanda por una enérgica intervención del Derecho penal en ámbitos tradicionalmente alejados de su campo de aplicación. Han sido sucesos lamentablemente ocurridos en los últimos años en el mundo económico, sobre todo bursátil, financiero y bancario los que han puesto de relieve la necesidad de una más enérgica intervención del Estado en el “disciplinamiento” de sectores económicos de gran transcendencia en la vida del país2.

La estafa de inversiones, en cuanto afecta al mercado de valores puede darse proporcionando una información inveraz por parte del emisor u oferente, con la finalidad de captar capital por medio de engaños (STS, Sala 2ª, 8 de julio de 2001). Propuestas de inversión de resultados extraordinarios o bien por deslealtad del intermediario financiero en la gestión del encargo con lesión de los intereses de su cliente (caso Gescartera)Nos parece a nuestro modo de ver, que a veces se mitifica y sobrevalora la publicidad engañosa en relación a los productos financieros. Y es que el potencial inversor siempre podrá solicitar información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, (en adelante CNMV) y conocer las “entidades oficiales” que prestan sus servicios de inversiones. Asimismo, desde la propia CNMV se viene insistiendo la posibilidad de consultar los Registros públicos. La CNMV siempre facilita a los inversores, información suficiente (si la entidad está registrada en la CNMV o en el Banco de España, la experiencia y antigüedad de la cuestionada entidad, los riesgos de la inversión, subida y bajada de los tipos de interés, etc…). Es más, cuando se trata por ejemplo de productos financieros complejos en mercados extranjeros siempre insta a acudir, a las entidades autorizadas.

Así, en la Directiva 2003/6 sobre el acceso a la información financiera se insiste en que el inversor particular al que se refiere esta directiva puede ser victima de las informaciones falsas que le llevan a entrar en el mercado adquiriendo instrumentos financieros –lo más común serán acciones o participaciones– fiado en la información que ha recibido sobre la solvencia de la sociedad emisora4.

En particular se ha señalado, que la información sustancial que debe proporcionarse a los consumidores es la que sea respetuosa con la Directivas comunitarias. Con carácter general no comprende, por tanto, cualquier extremo que pueda influir en la toma de cualquier decisión que sean datos básicos para el consumidor relevantes para decidir en cada caso considerado ad hoc. En consecuencia, si bien es cierto que no se requiere que la omisión de información sustancial despierte en los consumidores expectativas infundadas, no es lo menos que en todo caso se exige que la información omitida sea susceptible de llevar a los consumidores –inversores– a tomar una decisión distinta de la que habrían tomado si hubieran sido informados de los extremos silenciados u ocultados.

La lista de escándalos producidos en los últimos años se multi-plica: Gescartera o Alierta, en nuestro país; Enron o WorldCom, en Estados Unidos. En muchos casos, los administradores, actuando en beneficio propio y al margen de las reglas contables, llevaron a cabo un entramado suministrando “información incompleta” y dejando activos y deudas fuera de su cuenta de resultados. Es el ejemplo también de la publicidad engañosa en la conocida como “estafa piramidal” en la que las decisiones de inversión vienen avaladas por un contexto o ámbito familiar. En esas inversiones solo se obtienen rendimientos al principio, porque después las inversiones sólo generan pérdidas. En este caso la estafa y el engaño se producen porque la entidad estafadora nunca reintegrara el capital aportado.

 

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